Como todo investigador de los social sabe, la privacidad de las fuentes y la veracidad de los datos son cuestiones sagradas, inherentes al planteamiento y resolución de un estudio de mercado, y cuya protección ha de guardarse con el mayor celo profesional posible.

La utilización masiva de datos de carácter personal, impulsada y acrecentada por el uso de las nuevas tecnologías -que posibilitan, como nunca, el acceso en tiempo y cantidad a esta información -, conlleva una exposición de la identidad individual, de nuestros hábitos de comportamiento o de las relaciones que establecemos en nuestra vida pública y privada. Esta exhibición, en muchos casos inconsciente e involuntaria, obliga a acordar sistemas de protección que aúnen mecanismos tecnológicos y jurídicos, con la elaboración de leyes que concilien el derecho legítimo a la privacidad de los individuos y el de la explotación de datos con carácter mercantil, por parte de empresas y organizaciones.

El nudo gordiano reside en las características culturales de los usuarios y en cómo entienden éstos sus derechos en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Es indudable que la maquinaria de aplicaciones sociales, plataformas peer to peer y streaming produce una oferta incombustible, tan atractiva y tentativa que, muchas veces, olvidamos que detrás de estos productos y servicios se encuentra una industria que ha de ser alimentada de manera constante. Y ese retorno debe existir, ya sea por una vía u otra. Según en qué culturas, el pay for privacy, esto es, el pago a un proveedor por un servicio con unas condiciones que conozco de antemano y en el que se asegure mi privacidad, estará más o menos aceptado. Pero no todo el mundo comparte este modelo de uso privado.

Como decíamos, la aparente gratuidad de estos servicios no es más que un espejismo detrás del cual debe compensarse la inversión. Y esa compensación encuentra su filón en la recopilación y comercialización de datos, valiosísimos inputs que justifican el esfuerzo empresarial de megacompañías como Google, Facebook o LinkedIn. Así, el uso del dato choca de manera constante con la privacidad del navegante. Los data brokers, o vendedores de datos, una vez obtenida y procesada la información, configuran perfiles con los que catalogan a los consumidores y que comercializan con terceras partes.

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (conocido por las siglas RGPD) confiere una mayor esfera de amparo al consumidor, permitiéndole un control de su esfera privada en internet. Uno de los cambios más significativos obliga a solicitar un consentimiento expreso, con una clara acción afirmativa, más allá del laxo asentimiento actual.

Junto con la privacidad, la otra máxima que debemos buscar en todo estudio de mercado es la veracidad de nuestras afirmaciones. Operar con datos correctos, contrastados, revisados y actualizados posibilitará que nuestros resultados sean también más certeros. Pero no sólo el dato ha de ser veraz, también deberán serlo nuestras hipótesis, que evitarán falacias y sesgos, recabando, si es necesario, valoraciones subjetivas de los propios interesados en el estudio: el cliente.